El Paquete Económico 2021 refleja cambios interesantes aprobados por el gobierno; entre ellos, una disminución real en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 0.3% con respecto al 2020, siendo un total de $6,295,736.2 millones de pesos. Éste fue aprobado por la Cámara de Diputados, el 15 de noviembre de 2020, con 305 votos a favor, 151 en contra y cero abstenciones, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 30 del mismo mes. El presupuesto entró en vigor a partir del 1 de enero del 2021, con la excepción de la desaparición de los 109 fideicomisos relacionados con la investigación y el otorgamiento de becas, la cual fue efectiva desde el 1 de diciembre del 2020.
En comparación con 2020, el techo de endeudamiento neto para el sector público aumentó en 21%, evidenciando el mal desempeño económico que tuvo el país en los últimos 12 meses, pero dará oportunidad a nuevos proyectos que estimulen el empleo. Sin embargo, debido a las necesidades de la población, el gasto público general estimado disminuyó debido a la transferencia inmediata de recursos al sector salud para la atención de la pandemia por el Covid-19. Por un lado, $4,618,388.9 millones de pesos, es decir, el 73% del gasto federal fue adjudicado al gasto programable para la provisión de bienes y servicios públicos, los cuales están principalmente enfocados en temas de salud y seguridad social. Lo anterior, tendrá repercusiones en sectores clave para el desarrollo y crecimiento económico del país como lo es la educación y el desarrollo de energías renovables. Otro aspecto importante a considerar es el gasto federalizado, que incluye las participaciones y aportaciones federales a las entidades federativas y municipios del país. Éste mostró una reducción del 5.5% con respecto al 2020, siendo un total de $1,867,338.4 millones de pesos. Por otro lado, el 27% del gasto público fue destinado al gasto no programable, para efectos del pago de la deuda adquirida.
Dentro del recorte presupuestal, las instituciones y dependencias con las reducciones más significativas son las siguientes: en primer lugar, 870 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, quien destinará 33.8 millones de pesos a la organización de los procesos electorales locales y 7,861 millones de pesos a la organización del proceso electoral federal; en segundo, 200 millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública (SEP); tercero, 130 millones de pesos al Poder Judicial; cuarto, 100 millones de pesos al Congreso de la Unión, y por último, 71 millones de pesos a la Fiscalía General de la República (FGR).
Por último, en cuanto a los ingresos públicos, México sigue posicionado como uno de los países miembro de la OCDE con menor recaudación tributaria, lo cual se debe, en gran parte, a la alta tasa de desempleo, al cierre de empresas y a la informalidad. Por ello, resulta más evidente la necesidad abrupta de estimular una reforma fiscal que ayude a financiar al estado, y así, salvar la economía del país.
