El 1 de noviembre inició la recolección de firmas para la revocación de mandato, las cuales se recabarán hasta el 15 de diciembre. La promesa presidencial de implementar la revocación de mandato en México está más cerca de cumplirse que nunca antes. Así, si se alcanzaran las firmas suficientes (detalle más adelante), los mexicanos estarían invitados a participar en el mes de marzo de 2022 en la consulta de revocación de mandato para determinar si el presidente conservará su puesto hasta concluir su período o si abandonará sus labores antes del final del sexenio. Frente a una coyuntura tan consecuente, es importante entender qué es una revocación de mandato y conocer sus posibles implicaciones.

La Ley Federal de la Revocación de Mandato se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021. Esta nueva legislación establece que:

1. Es reglamentaria de la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. El proceso de revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo del titular de la presidencia de la República debido a la pérdida de la confianza.
3. Podrá solicitarse, por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal por votación popular.
4. La Revocación de Mandato podrá ser solicitada exclusivamente por los ciudadanos. Para ello, se deberá reunir el apoyo del tres por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Esa cifra debe cumplir otro requisito: tiene que estar distribuida en al menos 17 estados de la República Mexicana y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada uno de esos estados. 
5. Una vez que se haya solicitado, para que ésta sea válida, se requiere una participación de, por lo menos, 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
6. Se prohíbe el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato (los únicos facultados para hacerlos son el INE y los organismos públicos locales)
7. La organización, desarrollo y cómputo de la votación de la Revocación de Mandato estará a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).
8. Si los resultados indican que procede la revocación de mandato, el Congreso de la Unión debe nombrar al presidente interino o sustituto en un término no mayor de sesenta días. En tanto, la Presidencia de la República será asumida por el titular de la Secretaría de Gobernación Federal.

Una vez que se haya cumplido el plazo para la recolección de firmas (15 de diciembre), a más tardar el 11 de enero el Consejo General del INE dará a conocer los resultados de la verificación de firmas, donde evaluará y determinará si es procedente el cumplimiento del porcentaje requerido y, en su caso, emitirá la convocatoria el 12 de enero de 2022. Finalmente, el 27 de marzo se realizaría la consulta de revocación de mandato, con un gasto estimado de $3,830 millones de pesos.

Ante la publicación de la mencionada Ley, se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovida por los coordinadores de las fracciones del PRI, Rubén Moreira; del PAN, Jorge Romero, y del PRD, Luis Cházaro, en la Cámara de Diputados, en la cual argumentan que la Ley Federal de Revocación de Mandato es inconstitucional, debido a que cambia la naturaleza de la figura presidencial, su estabilidad en el cargo y el periodo para el cual fue designado, a través de una “ratificación de mandato” que no tiene sustento alguno a nivel constitucional.

Lo anterior, con base en la redacción de los artículos, los cuales, contravienen lo establecido en el marco constitucional, al establecer una pregunta que modifica la figura de la revocación del mandato y otorgando a los ciudadanos la posibilidad de participar en un ejercicio de “evaluación de la gestión presidencial”. Los promoventes destacan que el ejercicio de la revocación de mandato no puede ampliarse para la evaluación del desempeño del Ejecutivo Federal. La revocación de mandato es un mecanismo de control o de sanción, más no de evaluación.

De igual manera, es importante tener presente los posibles efectos de la Revocación de Mandato sobre las elecciones en diversas entidades federativas (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas) en 2022, pues al ratificar o cuestionar la confianza en la figura presidencial se podría refrendar el apoyo a los candidatos a nivel local en los estados donde habrá cambio de gubernatura. Por lo tanto, es de gran relevancia estar al tanto del proceso de la consulta de revocación de mandato, ya que podría marcar el camino a nivel local, pero también, de las elecciones presidenciales del 2024.